La sentencia es la No.883-2009, de fecha 21 de octubre de 2009, mediante la cual, el tribunal ordena al síndico de entonces, Roberto Salcedo, demoler dos garitas que obstaculizan el libre tránsito en las calles Ercilia Pepín y Salomé Ureña del referido sector, ubicado en la parte noroeste de la capital.
La
decisión de cerrar de nuevo el paso a cientos de vehículos provenientes de los
sectores aledaños, principalmente, los residenciales Puerta de Hierro y Buena
Vista, entre otros, está provocando taponamiento del tránsito que se extiende
por más de cuatro kilómetros en la carretera La Isabela, generando
intranquilidad entre los usuarios que tardan horas para cruzar ese trayecto y
llegar a sus centros de trabajo.
No
obstante, al taponamiento de la vía principal, en la calle interior al
residencial se cuentan más de una docena de muros, de los llamados policías
acostados, que hacen más lenta la movilidad de los vehículos, contribuyendo de
este modo al congestionamiento del tránsito.
Acaloradas
discusiones se observan en la entrada oeste del residencial Cuesta Brava entre
los que quieren acceder para evadir el tapón y el personal de seguridad que le
impide utilizar ese desahogo.
Algunos
temen que un día pase lo peor y los miembros de la seguridad sean agredidos
durante las discusiones con los usuarios de la vía.
También
han indicado que ese residencial fue diseñado con tres calles para el desahogo
del tránsito, que concluyen en la avenida Jacobo Majluta, pero fueron cerradas
para impedir el acceso de los no residentes.
La
sentencia condena a Roberto Salcedo al pago de un astreinte de 5 mil pesos por
cada día de retraso en el incumplimiento de la Sentencia de Amparo que fue
solicitada por la Asociación de Vecinos de Puerta de Hierro, Inc. y la Junta de
Vecinos de Buena Vista.
También
existe la Resolución No. 41-2007 del Concejo Municipal que ordenó la demolición
de las garitas, pero el síndico Roberto Salcedo no la ejecutaba.
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